El pasado 3 de enero, la noticia de la operación de extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores llevada a cabo por una unidad de élite de las fuerzas especiales del Ejército estadounidense fue recibida con pasmo universal. Con un balance mínimo en pérdida de vidas, la «Operación Determinación Absoluta» (Absolute Resolve) tardó apenas dos horas y veinte minutos en cumplir sin fallos una misión supuestamente difícil y riesgosa. Decir que nadie vio venir esta intervención es quedarse corto. Durante meses, expertos en Venezuela y analistas de geoestrategias hemisféricas, por no hablar de la turba de periodistas y opinadores habituales, se mostraron convencidos de que una intervención militar en el país caribeño tendría consecuencias muy negativas, tanto para la fuerza interviniente como para el país intervenido.
Pocas horas después, sin embargo, al oír las explicaciones del presidente Trump en una rueda de prensa convocada en su residencia de Mar-a-Lago, el pasmo inicial trocóse en estupor y shock. Como es habitual en este personaje, Trump demostró una vez más su extraordinario talento para el braggadocio. En medio de la habitual cascada de jactanciosos superlativos, fueron abriéndose paso algunos sintagmas extraños. «Vamos a manejar (run) el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y prudente» fue uno de ellos. Y, a propósito del petróleo venezolano, una serie de ruidos absurdos, que daban a entender que antes de las expropiaciones de activos de ExxonMobil y ConocoPhillips ordenadas por Chávez hace dos décadas, la industria petrolera de ese país estaba en manos de empresas privadas estadounidenses. No creo que haga falta recordar que la industria petrolera venezolana fue nacionalizada en 1975, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez.
Pero bueno, hasta ahí, y tratándose de Trump, nada que no fuera peccata minuta; la granada de fragmentación estalló en la tanda de preguntas. De pronto, sin mencionar su nombre, Trump ungió a Delcy Rodríguez como gobernante interina del país («ella está dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande»). Make Venezuela Great Again: lástima de acrónimo, difícilmente coreable. Pero fue el otro trozo de metralla, lanzado a continuación, el que causó y es fácil prever que seguirá causando más estragos. En respuesta a la pregunta de una periodista sobre el destino político de María Corina Machado en la Venezuela post-Maduro, Trump largó, sin inmutarse: «Creo que (a María Corina Machado) le sería muy difícil ser líder del país. No cuenta con suficiente apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto ni del apoyo de la mayoría de los venezolanos».
Con estos dos impactos, saltaban por los aires muchos años de tortuosas negociaciones entre una parte de la oposición y el régimen en busca de precarios consensos, una y otra vez traicionados, en torno a las elecciones y la gobernabilidad del país. También quedaba hecha añicos la estrategia de los sectores de la oposición reacios a pactar compromisos con el chavismo, liderados primero por Leopoldo López y últimamente por Machado. Con esa sentencia, Trump dejaba claro que no espera que alguno de ellos, de momento y al menos no bajo los auspicios de su administración, se siente a una tan hipotética como imprecisa mesa de transición venezolana, de todos modos enviada a las calendas griegas.
Para mitigar un poco el efecto balde de agua fría en las filas opositoras, piénsese que la decisión de «imponer» a Delcy Rodríguez en la presidencia del país puede contribuir a ahondar las divisiones, que no son pocas, en el seno del chavismo gobernante. Nicolás Maduro fue eficaz únicamente en el ejercicio de una función: mantener contra viento y marea una fachada de unidad en el complejo entramado de factores de poder que constituye el chavismo, reprimiendo brutalmente cuando era preciso cualquier manifestación de disenso en sus filas. En efecto, no hay que perder de vista que Maduro, a lo largo de todo su mandato, ordenado por Chávez y mantenido a fuego y sangre con ayuda del aparato de inteligencia castrista, no solamente reprimió con ferocidad ampliamente documentada las manifestaciones pacíficas y cívicas de la perseverante y valiente ciudadanía venezolana, algunas masivas, como las registradas en 2014, 2017, 2019 y 2024. Al mismo tiempo, el sedicente «hijo de Chávez» fungía de árbitro entre las diferentes facciones que se reparten el poder en Venezuela, y a este título también reprimió sin contemplaciones las manifestaciones de descontento en cuarteles y comandancias de la FANB, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llevando a cabo varias purgas en sus filas. Para muestra un botón: solo en 2018 y 2019, unos ciento ochenta militares fueron detenidos y encarcelados por razones políticas, según Control Ciudadano, la ONG fundada por la recién liberada Rocío San Miguel. En esto, como en muchas otras cosas, Maduro gobernó siguiendo el ejemplo de Chávez, un militar de carrera que no se privó de perseguir y encarcelar a sus antiguos compañeros de armas que no le manifestaban la debida obediencia.
Quiero detenerme un poco en las posibles repercusiones para el bando oficialista de la desaparición política de Maduro y la presidencia forzada de Rodríguez. Dos de las más poderosas facciones del chavismo son las lideradas por los ministros del Interior, Diosdado Cabello, y Defensa, Vladimir Padrino López. Hay quienes sostienen que de ellos depende que Venezuela mañana siga manteniendo, como hasta ahora, una apariencia de gobernabilidad, o se hunda en una espiral incontenible de violencia y caos, y que el inicial traspaso del poder ejecutivo a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado o su kagemusha, Edmundo González, responde a ese temor. Cabe sospechar que sobre ello basa Washington su análisis de la situación venezolana, plasmado concretamente en el plan en tres fases (estabilización, recuperación y transición) presentado por Marco Rubio apenas cuatro días después de la operación militar y el arresto de la pareja Maduro-Flores. Si de apariencia de gobernabilidad se trata, es difícil comprender cómo se puede obviar el hecho innegable de que Cabello y Padrino son responsables directos de los secuestros, represión, tortura y desapariciones de centenares de venezolanos y decenas de extranjeros. O el que, con el debido respeto a Trump por sus tercas imprecisiones sobre este tema, antes que Maduro, son estos dos personajes, Cabello y Padrino, quienes han heredado y se reparten los frutos del llamado Cártel de los Soles. Que, dicho sea de paso, no ha funcionado nunca como un clásico cártel de la droga colombiano o mexicano, y cuyo origen se remonta a comienzos de la década de 1990, cuando un par de generales de la Guardia Nacional decidieron lucrarse con este negocio ilícito. (Sí, ya sé que es shocking, pero qué le vamos a hacer: resulta que el periodo democrático, anterior al chavismo, no estaba libre de esta y otras lindezas).
Peor aún, Cabello y Padrino no son los únicos factótums del régimen que Maduro, mal que bien, lograba poner a raya. Ni mucho menos. Desde la guerrilla colombiana del ELN, que controla zonas enteras de los Estados Zulia, Táchira y Apure, hasta la compleja y cambiante red de alianzas entre militares venezolanos, guerrillas colombianas y organizaciones criminales venezolanas y transnacionales que controla la minería de oro ilícita en el sur de Venezuela, la frondosa enredadera de empresas criminales que parasita los recursos del país y apuntala el régimen chavista se mantenía más o menos estable bajo Maduro y sus amigotes cubanos. ¿Qué pasará ahora? ¿Serán los sibilinos hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, capaces de llevar el timón del chavismo con la misma mano dura? Cabe pronosticar que nadie moverá ficha de entrada, siempre y cuando no esté en juego el poder ejercido por cada una de estas facciones (a las que hay que sumar los colectivos, especie de tonton macoutes creados y armados por Chávez). Si algo han sabido hacer los chavistas siempre es cerrar filas ante el único peligro que temen: la pérdida del poder. Por razones obvias. Muchos de ellos saben que ahora más que nunca corren peligro su influencia y fortuna, y sobre todo que pueden acabar siendo perseguidos y condenados por violaciones de derechos humanos, de modo que no tendrán muchos incentivos para rebelarse contra los Rodríguez. Al menos, como en una célebre ocasión dijo Hugo Chávez, el principal guionista de este capítulo de la atormentada historia de Venezuela que ya dura más de un cuarto de siglo, «por ahora».
Por último, sobre el trajinado asunto de la transición, un par de apuntes. Es muy importante comprender que las modélicas transiciones española y chilena ofrecen pocas lecciones de alguna utilidad para Venezuela. España y Chile, al producirse la desaparición ⎯física en un caso, institucional en el otro⎯ de sus respectivos dictadores, eran países dotados de economías con posibilidades de transformación y expansión y clases medias consolidadas. No puede decirse lo mismo de la actual Venezuela. Por otro lado, por más que la transición a la democracia en España y Chile reclamara la reforma de unas y otro, en ambos casos las instituciones del Estado garantizaban la correcta aplicación del marco legal vigente, lo que hizo posible concentrar todos los esfuerzos en la de todos modos siempre delicada tarea de sustituir un régimen autoritario por un sistema democrático. Dicho de otro modo, en el guión de la transición chilena o española no fue necesario plantear con carácter de urgencia la estabilización de las instituciones del Estado y la recuperación económica del país. En cambio, en Venezuela, país destrozado tras un cuarto de siglo de gobiernos saqueadores y debilitado por una sangría humana de ocho millones de almas que prefirieron salvarse a hundirse en el cieno del «Socialismo del siglo XXI», absolutamente todo está por hacer, si lo que se pretende es no conformarse con un quítate tú para ponerme yo (que es lo que acaba de suceder con la ocupación por Rodríguez de la vacante presidencial dejada por Maduro). Tomado todo ello en cuenta, lo cierto es que el programa en tres pasos anunciado por Marco Rubio parece, al menos a estas alturas, difícilmente aplicable. El primer paso que contempla ⎯garantizar la estabilidad institucional⎯ corre el riesgo de ser también el último.
Aquí, el factor esencial es el tiempo. El régimen chavista puede dejar correr el reloj lo que quiera, como si estuviera jugando un partido de béisbol, deporte en el que la variable tiempo no tiene la menor importancia, más allá del cansancio físico que acabe haciendo mella en la determinación y destreza de los jugadores. La administración Trump, en cambio, juega un partido de fútbol, con su tiempo debidamente acotado. Cuando el reloj haya agotado los cuatro años fatídicos, Trump desaparecerá definitivamente de escena. Encima, este año marca el medio tiempo del partido, con elecciones intermedias al Congreso que ya se anuncian difíciles para los Republicanos.
Pero hay otra razón por la que el plan de Rubio para una transición en Venezuela parece destinado a no prosperar. Afortunadamente, se trata de una razón lógica, lo que quiere decir que, con un poco de suerte, y puesto que si algo hay que casi nunca se rige por la lógica es la política, quién sabe si acabe dando algún resultado. Sea como sea, lo cierto es que, si aplicamos la lógica al plan de Rubio, este parece destinado a fracasar por ser tan inaplicable como aquella famosa regla de la novela Catch-22, de Joseph Heller. Recuérdese: en la campaña para liberar a Italia durante la Segunda Guerra Mundial, los aviadores estadounidenses obligados a diario a exponerse a morir participando en oleadas de bombardeos desde Sicilia, tenían la única posibilidad de solicitar una exención invocando la regla interna de este cuerpo conocida como «trampa 22». Según ella, no se permitía volar en misiones de combate a quien no estuviera en su sano juicio, pero el hecho de alegar locura para pedir no participar en esas misiones constituía una prueba de estar cuerdo y, por lo tanto, en condición de volar. El plan que propone la administración estadounidense para efectuar una transición política en Venezuela ofrece una variante del Catch-22. Visto con la lente paradójica de Heller, ese plan vendría a decir esto: «Para avanzar hacia el proceso de transición política en Venezuela, primero hay que estabilizar institucionalmente el país. Estabilizar institucionalmente el país significa garantizar la seguridad interior, el respeto de un marco legal y la separación de poderes. Pero como los encargados de estabilizar institucionalmente el país son los mismos que han destruido la seguridad interior, violado la legalidad y desvirtuado los poderes, no será posible avanzar en el proceso de transición política».
Finalmente, una nota destinada a los que se oponen a la operación Trump-Rubio invocando la legalidad internacional que Estados Unidos estaría conculcando con sus acciones en Venezuela. Habría que recordar a quienes denuncian en la nueva doctrina exterior de Estados Unidos la violación de los principios del multilateralismo, almas buenas de Se-Chuan entre las cuales se cuenta lo más granado de la socialdemocracia y la progresía occidental, que, en el caso de Venezuela, el multilateralismo acumula años de inacción cuando no de fracasos. Sin ir muy lejos, las instituciones multilaterales y los instrumentos diplomáticos una y otra vez han demostrado ser incapaces de proponer y llevar a buen puerto procesos de negociación imparciales y equilibrados entre el oficialismo y la oposición, o diseñar e imponer mecanismos de verificación realmente eficaces de los numerosos comicios en los que el oficialismo ha cometido todo tipo de fraudes, incluido el más grave: el hurto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. De nada de esto se puede culpar a los siempre pérfidos gringos, y desde luego tampoco a esos venezolanos que, como se ha recordado más arriba, han pagado con su vida y su libertad los numerosos llamamientos al cambio democrático, cívico y ordenado en su país. Han sido millones los ciudadanos venezolanos que pacíficamente han reclamado desde hace al menos una década, para no remontarnos a las multitudinarias manifestaciones de protesta de idéntico signo bajo los gobiernos de Chávez, no ya la transición política de un régimen a otro, sino el respeto llano de la alternancia en el gobierno de su país emanada de las urnas. ¿Dónde estaban entonces los virtuosos organismos multilaterales? ¿Con qué ímpetu y constancia reclamaron el respeto de los mandatos democráticos comiciales quebrantados por el chavismo gobernante? O, por poner un último ejemplo de crasa ineptitud y dejadez de las afamadas instituciones y mecanismos multilaterales, a fecha de hoy, la Corte Penal Internacional no ha sido capaz de emitir un solo auto de acusación contra violadores de derechos humanos en Venezuela, a pesar de disponer de una investigación abierta en este sentido desde 2021. Como recuerda el joven abogado venezolano Nizar El Fakih, en un reciente comentario solicitado por el Atlantic Council, los testimonios de las víctimas de crímenes contra la humanidad ante esa instancia faro de la justicia y la legalidad internacional «proporcionaron relatos detallados de un aparato de represión sofisticado, sistemático y de alcance nacional, diseñado para aplastar la disidencia, que ha estado operando en el país durante varios años bajo este régimen». A pesar de ello, nada, silencio. Mutis por el foro. El multilateralismo onusiano puede que sea más correcto y fino que la multipolaridad y el realismo ofensivo caro a Mearsheimer, pero el balance de sus intervenciones sobre Venezuela es sencillamente bochornoso.
Solo el tiempo dirá qué partido comienza a jugarse ahora en Venezuela. Si béisbol, como se ha dicho, difícilmente habrá transición política; si fútbol, la oposición venezolana va a tener que demostrar que es capaz de jugar en equipo con todos sus miembros, no solo los partidarios de tal o cual connotada figura pública. Y que sabe que hacerle la pelota al árbitro no es condición necesaria ni suficiente para ganar; que lo que hay que hacer es jugar bien, patear el balón, meter goles. Y evitar que te los metan.
Ilustración: Mapa de la provincia de Venezuela y la parte austral de Nueva Andalucía (1635). Dominio público.